El gobernador de la Provincia de Buenos Aires lideró un encuentro de alto nivel con representantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró una reunión de alto nivel con representantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar y discutir el impacto potencial de la Ley Ómnibus propuesta por el Gobierno Nacional.
En la sesión de trabajo participaron destacados funcionarios, entre ellos el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard.
Uno de los temas centrales de la discusión fue el impacto que la Ley Ómnibus podría tener en la industria de biodiesel en la provincia de Buenos Aires. Rodríguez expresó su preocupación, destacando que la ley podría afectar negativamente a alrededor de 800 empleos directos generados por pequeñas y medianas empresas en el interior de la provincia.
«La Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia», afirmó Rodríguez. Además, señaló que la ley propuesta por el Gobierno Nacional amenazaría el desarrollo industrial y el valor agregado en la provincia.
El sector afectado principalmente sería el de las 11 plantas productoras de biodiesel en la provincia, ubicadas estratégicamente en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. Estas plantas, en su mayoría pymes, se han desarrollado desde la implementación de la Ley 26.093 de biocombustibles en 2006, que estableció regulaciones para impulsar la actividad y la industrialización en el interior del país.
La reunión subraya la importancia de la coordinación entre los gobiernos provinciales y nacionales para abordar las implicaciones de legislaciones que afectan directamente a sectores productivos clave, destacando la preocupación por el posible impacto negativo en el tejido industrial y la fuerza laboral.
